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¿QUÉ HACE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN?


¿Cuáles son los asuntos cuya atención corresponde a la SCJN?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país, en virtud de lo cual, tiene como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar, de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad.
De manera más específica, entre los asuntos cuya atención le corresponde, se encuentran los siguientes:
Los llamados Medios de Control de la Constitucionalidad, en los casos que a continuación se señalan:
  • Amparos directos trascendentales.
  • Recursos.
  • Casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados.
  • Casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes.
  • El juicio de amparo
  • Las controversias constitucionales.
  • Las acciones de inconstitucionalidad.
  • Las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares.
Las contradicciones de tesis, sustentadas entre dos o más órganos jurisdiccionales.
Las controversias que por razón de competencia surjan entre los tribunales locales y federales.
Los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
Los juicios de anulación que interpongan las entidades federativas contra la declaratoria de exclusión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las controversias que surjan con motivo de la falta de cumplimiento de los convenios de colaboración en materia fiscal entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Gobiernos de las entidades federativas o del Distrito Federal.
Los recursos de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la designación, adscripción, ratificación o remoción de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.
Las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento de los convenios de coordinación administrativa en materia de readaptación social.
Los conflictos competenciales que se susciten entre tribunales civiles y militares.




¿Qué son los medios de control constitucional?

Son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Federal contempla diversos medios de control, sin embargo, los que corresponde atender a la SCJN son los siguientes:
  • Las controversias constitucionales.
  • Las acciones de inconstitucionalidad.
  • El juicio de amparo:
    • Amparos directos trascendentales.
    • Recursos.
    • Casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados.
    • Casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes.

  • Determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares.


¿Qué es el juicio de amparo?

Es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Este juicio procede en cualquiera de los siguientes supuestos:

  • Contra actos de las autoridades que violen derechos humanos.
  • Contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal.
  • Contra leyes o actos de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal.

En los dos últimos casos, la perturbación de esa soberanía o la invasión de competencias deben tener por consecuencia violaciones a los derechos humanos de uno o varios individuos.

El amparo puede ser promovido por cualquier persona que se encuentre en México, incluso por:
  • Menores de edad, aun sin la intervención de sus legítimos representantes, cuando éstos se hallen ausentes o impedidos. En tal caso, el Juez les nombrará representantes especiales para que intervengan en el juicio.
  • Personas morales privadas, las que podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes.
  • Personas morales oficiales, las que podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas.
  • Extranjeros que por mero tránsito o por tener residencia en nuestro país, se encuentran sujetos a las leyes mexicanas y se ven afectados en sus derechos humanos por un acto de autoridad nacional, aun cuando éstos se vean limitados en algunos aspectos, como es la prohibición de reunirse para tratar asuntos políticos de México o bien, la de adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas.

De acuerdo a la naturaleza de la violación que le dé origen, el amparo tendrá denominaciones específicas, procedimientos y órganos resolutores diferentes:
El juicio de amparo indirecto se tramita ante los Juzgados de Distrito y procede en contra de:
  • Leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, o acuerdos de observancia general, que originen perjuicios al quejoso –es decir, que afecten o violen sus derechos humanos–.
  • Actos de autoridades que no sean tribunales judiciales, laborales o administrativos, –por ejemplo, una Secretaría de Estado, un gobernador o un agente del Ministerio Público– que resulten violatorios de derechos humanos.
  • Actos de tribunales judiciales, laborales o administrativos ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
  • Actos pronunciados en un juicio que, de ejecutarse, no puedan ser reparados.
  • Actos ejecutados dentro o fuera de juicio, cuando afecten a personas que no hayan intervenido en él.
  • Leyes o actos de la autoridad federal que afecten la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; o por leyes o actos de estos últimos que afecten el ámbito de competencia federal.
  • Resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, es decir, cuando se determina no proceder penalmente en contra de alguien, o contra actos relacionados con la reparación del daño o la responsabilidad civil, derivados de la comisión de un delito.
En el caso de actos de Tribunales Unitarios de Circuito que no constituyan sentencias definitivas, el amparo deberá tramitarse ante otro Tribunal Unitario de Circuito.

El juicio de amparo directo se tramita ante los Tribunales Colegiados de Circuito y procede en contra de sentencias definitivas, laudos –determinaciones en materia laboral– y otras resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten la defensa del quejoso, y en contra de las cuales no exista algún otro medio de defensa por medio del cual puedan ser modificados o dejados sin efecto.

Aspectos básicos de la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011
El 6 de junio de 2011, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de modernizar el juicio de amparo y, de esta forma, transformarlo en un medio más eficaz de protección de los derechos humanos –antes denominados garantías individuales– establecidos en la propia Constitución Federal y, adicionalmente, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte. A continuación se destacan los principales aspectos de dicha reforma:
  1. Se amplía el ámbito protector del juicio de amparo. Ahora es posible promover el juicio de amparo no solamente en contra de violaciones a los derechos humanos contemplados en la Constitución Federal, sino también de los plasmados en los tratados internacionales de los que México sea parte.
  2. Se introduce la figura del amparo colectivo. Es posible iniciar un juicio de amparo cuando se tenga un interés legítimo colectivo.
  3. Se amplía el derecho a promover un amparo. Anteriormente sólo era posible que una persona promoviera un amparo cuando era titular de un derecho que le permitiera usar y disponer de algo libremente y con exclusión de los demás, es decir, cuando tenía un "interés jurídico", como ocurre, por ejemplo, respecto de una propiedad privada. Sin embargo, la reforma sustituyó el requisito de tener un interés jurídico, por el de un "interés legítimo", por lo cual, además de casos como el mencionado, también será posible que una persona inicie un juicio de amparo para defender derechos cuya violación no le afecte de manera personal y directa, como podría ser, por ejemplo, la subsistencia de un bosque o un parque público, ya que su eliminación podría afectar el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. Esto no resulta aplicable a los amparos que se promuevan en contra de resoluciones judiciales, para las que seguirá vigente el requisito de haber sufrido una afectación personal y directa en los derechos.
  4. Se establece la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma. Al igual que antes, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo solamente se ocuparán de los quejosos –personas– que lo soliciten, al limitarse a ampararlos y protegerlos, si esto resultare procedente. No obstante, en virtud de la reforma, cuando en los juicios de amparo tramitados ante Jueces de Distrito –amparo indirecto– se resuelva de manera reiterada la inconstitucionalidad de una norma, excepto las de materia tributaria, existirá la posibilidad, bajo ciertos requisitos, de que la SCJN haga una declaración general de inconstitucionalidad, con lo que dicha norma, no podrá ser ya aplicada a persona alguna en este país.
  5. Se introduce la figura del amparo adhesivo. En los amparos que se promuevan en contra de sentencias o laudos y en general, de todas aquellas resoluciones judiciales que pongan fin a un juicio, la persona que hubiere obtenido una sentencia favorable dentro de dicho juicio y, por tanto, que tiene interés en que esa sentencia subsista o, en otras palabras, que su contraparte en el juicio no sea beneficiada con la protección de una sentencia de amparo, podrá sumarse de manera adhesiva al amparo que haya iniciado su oponente, para buscar salvaguardar sus derechos.
  6. Se crean los Plenos de Circuito. Dentro de las modificaciones a la estructura del Poder Judicial de la Federación se crean los Plenos de Circuito, los que estarán integrados por Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito (que pertenecen al Poder Judicial Federal). Dichos Plenos estarán facultados para resolver las contradicciones de tesis o criterios sostenidos en sus sentencias, por los Tribunales Colegiados, lo cual permitirá una resolución más ágil de este tipo de asuntos.
  7. Establece un nuevo esquema para la aplicación de sanciones cuando una autoridad no cumpla la sentencia de un juicio de amparo.
  8. Establece también los lineamientos generales a seguir cuando la autoridad responsable desobedezca un auto de suspensión, o que ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.
  9. Se elimina la figura de caducidad de la instancia. Se impide que el Poder Judicial de la Federación deje de resolver un amparo y, en su caso, de otorgar la protección de la Justicia de la Unión, por la inactividad del quejoso –persona que promovió el juicio– dentro de un juicio de amparo, en las materias civil o administrativa.
  10. Se establece la obligación de no archivar juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional. El Poder Judicial de la Federación no archivará el expediente correspondiente, hasta en tanto no sea cumplida la resolución de amparo otorgado al que lo inició.
  11. Se otorga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la facultad excepcional para solicitar al Poder Judicial Federal, la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, cuando se justifique su urgencia, en atención al interés social o al orden público.
  12. Se limita el abuso de la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado es una medida que tiene como fin evitar que, en tanto se resuelve el juicio de amparo, continúe la afectación del derecho del quejoso –quien inicia el juicio– y que, en consecuencia, el amparo pudiera quedarse sin materia, al no ser posible restituir a la persona en el uso y goce del derecho violado.
    Sin embargo, para evitar que a través de esta figura se cometan abusos, los que pudieran repercutir en perjuicio de la sociedad, para que la suspensión sea otorgada, ahora el órgano jurisdiccional de amparo deberá, cuando la naturaleza del acto lo amerite, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
  13. No ha sido expedida la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al tratarse de una reforma constitucional en la que se establecen líneas generales que rigen al juicio de amparo, resulta de primordial importancia el contar con una ley que reglamente sus particularidades.
  14. Los juicios de amparo tendrán que tramitarse de acuerdo con la antigua ley de la materia, en todo aquello que no contradiga a la Constitución Federal reformada. Con independencia de que no haya sido expedida la nueva ley reglamentaria de la materia, el Poder Judicial de la Federación tiene la obligación constitucional de aplicar las reformas en sus resoluciones a partir de la entrada en vigor de las mismas.
  15. La SCJN se ha visto en la necesidad de emitir los acuerdos necesarios para sustanciar y resolver los juicios de amparo, en tanto no se emita la nueva ley reglamentaria de la materia. La SCJN, con fundamento en su facultad constitucional, emitirá la normativa que provisionalmente resulte necesaria para el efecto, hasta en tanto sea emitida por el Congreso de la Unión, la nueva Ley de Amparo.

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No escriturar es peligroso; los contratos privados y poderes notariales no son soluciones a largo plazo e implican riesgos para el comprador.